Soberanía

La idea de la soberanía ha estado en discusión en Puerto Rico durante las pasadas semanas a raíz de unas expresiones que hiciera el alcalde de Caguas, una ciudad de unos 100,000 habitantes  situada al sur de San Juan.

El alcalde William Miranda Marín, incomodo con el actual estatus de territorio no incorporado de Puerto Rico bajo la ley de gobierno propio del Estado Libre Asociado, hizo un llamado a repensar el contrato social entre Puerto Rico y Estados Unidos y sugirió una ruptura con las estructuras del pasado. En Puerto Rico hay dirigentes políticos que sufren vértigo cuando escuchan la palabra soberanía y hay quienes pretenden inventar una nueva definición de soberanía partiendo del coloniaje dejándola exclusivamente en el ámbito del ritual electoral doméstico, excluyendo con premeditación y alevosía el Derecho Internacional.

Ese es un asunto que se repasa en el curso de Teoría Política en el tercer año de bachillerato. Los franceses y los británicos resolvieron eso hace más de 200 años. La libertad es para los hombres, la independencia para las naciones y la soberanía para los estados. No puede haber soberanía sin independencia. Y una vez se crea el estado independiente comienza el proceso de defensa de la soberanía. En eso andan Cuba y Venezuela, en defensa de su soberanía. Hay otros como Colombia que la entregan o la alquilan, en nuestro caso nunca la hemos tenido.

John Locke  en su famoso Ensayo sobre el gobierno civil, subrayó que por “Estado” he entendido constantemente no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente, por los latinos llamada civitas, palabra a la que corresponde con la mayor eficacia posible en nuestro lenguaje la de república, que expresa adecuadamente tal sociedad de hombres, lo que no haría la sola palabra “comunidad”, pues puede haber comunidades subordinadas en un gobierno, y mucho menos la palabra “ciudad”. Teniéndolo en cuenta, y para evitar ambigüedades, pido que se me permita usar la palabra república en tal sentido, según la usó el mismo rey Jaime, y pienso que esta ha de ser su significación genuina, y si á alguien no gustare, dejaré que la trueque por otra mejor”.

Por su parte, en su obra El contrato social o principios de derecho Político, Juan Jacobo Rousseau, reflexionó sobre el tema de la soberanía. Esto fue lo que escribió:

La soberanía es inalienable

La primera y más importante consecuencia de los principios establecidos, es la de que la voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de sociedades, la conformidad de esos mismos intereses es lo que ha hecho posible su existencia. Lo que hay de común en esos intereses es lo que constituye el vínculo social, porque si no hubiera un punto en el que todos concordasen, ninguna sociedad podría existir.

Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad. En efecto, si no es imposible que la voluntad articular se concilie con la general, es imposible, por lo menos, que este acuerdo sea durable y constante, pues la primera tiende, por su naturaleza, a las preferencias y la segunda a la igualdad. Más difícil aún es que haya un fiador de tal acuerdo, pero dado el caso de que existiera, no sería efecto del arte, sino de la casualidad. El soberano puede muy bien decir: “yo quiero lo que quiere actualmente tal hombre, o al menos, lo que dice querer”; pero no podrá decir: “lo que este nombre querrá mañana yo lo querré, puesto que es absurdo que la voluntad se encadene para lo futuro, y también porque no hay poder que pueda obligar al ser que quiere, a admitir o consentir en nada que sea contrario a su propio bien. Si, pues, el pueblo promete simplemente obedecer, pierde su condición de tal y se disuelve por el mismo acto: desde el instante en que tiene un dueño, desaparece el soberano y queda destruido el cuerpo político.

Esto no quiere decir que las órdenes de los jefes no puedan ser tenidas como la expresión de la voluntad general, en tanto que el cuerpo soberano, libre para oponerse a ellas, no lo haga. En caso semejante, del silencio general debe presumirse el consentimiento popular. Esto será explicado más adelante.

La soberanía es indivisible

La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable; porque la voluntad es general o no lo es; la declaración de esta voluntad constituye un acto de soberanía y es ley; en el segundo, no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura; un decreto a lo más.

Pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y objeto fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra; en administración interior y en poder de contratar con el extranjero, confundiendo tan pronto estas partes corno tan pronto separándolas.

Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas, como si compusiesen un hombre con miembros de diferentes cuerpos, tomando los ojos de uno, los brazos de otro y las piernas de otro. Según cuentan, los charlatanes del Japón despedazan un niño a, la vista de los espectadores, y arrojando después al aire todos sus miembros uno tras otro, hacen caerla criatura viva y entera. Tales son, más o menos, los juegos de cubilete de nuestros políticos: después de desmembrar el cuerpo social con una habilidad y un prestigio ilusorios, unen las diferentes partes no se sabe cómo.

Este error proviene de que no se han tenido nociones exactas de la autoridad soberana, habiendo considerado como partes integrantes lo que sólo eran emanaciones de ella. Así, por ejemplo, el acto de declarar la guerra como el de celebrarla paz se han calificado actos de soberanía; lo cual no es cierto, puesto que ninguno, de ellos es una ley sino una aplicación de la ley, un acto particular que determina la misma, como se verá claramente al fijar la idea que encierra este vocablo. Observando asimismo las otras divisiones, se descubrirá todas las veces que se incurre en el mismo error: es la del pueblo, o la de una parte de él. En el primer caso, los derechos que se toman como partes de la soberanía, están todos subordinados a ella, y suponen siempre la ejecución de voluntades supremas.

No es posible imaginar cuánta oscuridad ha arrojado esta falta de exactitud en las discusiones de los autores de derecho político, cuando han querido emitir opinión o decidir sobre los derechos respectivos de reyes y pueblos, partiendo de los principios que habían establecido. Cualquiera puede convencerse de ello al ver, en los capítulos II y IV del primer libro de Grotio, cómo este sabio tratadista y su traductor Barbeyrac se confunden y enredan en sus sofismas, temerosos de decir demasiado o de no decir lo bastante según su entender, y de poner en oposición los intereses que intentan conciliar. Grotio, descontento de su patria, refugiado en Francia y deseoso de hacer la corte a Luis XIII, a quien dedicó su libro, no economizó medio alguno para despojar a los pueblos de todos sus derechos y revestir con ellos, con todo el arte posible, a los reyes. Lo mismo habría querido hacer Barbeyrasu que dedicó su traducción al rey de Inglaterra Jorge I; pero desgraciadamente la expulsión de Jacobo II, que él califica de abdicación, le obligó a mantenerse en la reserva, a eludir y a tergiversar las ideas para no hacer de Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, habrían salvado todas las dificultades y habrían sido consecuentes con ellos, pero entonces habrían tristemente dicho la verdad y hecho la corte al pueblo. La verdad no lleva a la fortuna, ni el pueblo da embajadas, cátedras ni pensiones.

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